Ante sucesos como estos, que tengo la impresión que cada vez pasan con más frecuencia o al menos se tiene acceso a ellos con mayor facilidad, uno piensa y llega a la conclusión que nos dirigimos a una política de fin de la pobreza, pero a base de exterminar a los pobres. La situación de las villas o asentamientos de emergencia  (llamado Los Okupas,) en Buenos Aires ya es conocida desde hace tiempo (1), pero parece que los que detentan el poder no quieren solucionarla. Su receta es la de siempre, represión, y cuando hay resistencia popular, plomo.

El drama vivido en estos días ha dejado al desnudo una peligrosa realidad. En todo sistema auténticamente democrático, la legalidad del Estado se extiende sobre el conjunto del territorio y de la población. Se trata de una premisa básica del Estado de derecho. Pero en el Parque Indoamericano, si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es impotente para proceder, el nacional ha demostrado irresponsabilidad, pues debiendo y pudiendo intervenir, no lo quiso hacer. Pareciera que quiso debilitar a Mauricio Macri en vez de hacerlo con el delito y la mafia.

Villa Soldati es un escenario que refleja la magnitud alcanzada por la ausencia de la ley, por su instrumentación perversa y por su manipulación. Hoy se evade el imprescindible retorno a la ley. En Buenos Aires cualquiera corta la Panamericana, una ruta, el acceso al aeropuerto de Ezeiza, o la cuadra de su barrio. Los estudiantes ocupan los colegios como un derecho, incluso aprobado por la presidenta de la Nación.

El principio de autoridad es irrenunciable y toda la clase política debe apoyar la defensa del orden público con las armas del Derecho, sin olvidar que sin justicia no hay paz.

En el Indoamericano hay 13.333 okupas…

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